Gobernador Herbert oficialmente hace de las inspecciones de seguridad obligatorias una cosa del pasado

Composite background photo by Ocskaymark/iStock/Getty Images Plus, Noticias St. George

ST. GEORGE — A partir del 2018, las inspecciones de seguridad de vehículos con mandato estatal ya no serán necesarias para completar el registro anual de vehículos no comerciales.

El Sábado el  Gobernador  Herbert firmó la HB 265, “Safety Inspections Amendments”, en ley. Patrocinado por Rep. Dan McKay, R-Riverton y co-patrocinado por Sen. Deidre Henderson, R-Spanish Fork, el proyecto de ley pasó la Cámara con un voto de 54-17 y el Senado con un voto de 19-6.

Los estados sombreados en rojo indican donde son obligatorias las inspecciones de seguridad de vehículos. Utah se une a los estados grises en 2018. | Imagen cortesía de Libertas Institute, Noticias St. George

Mientras que las pruebas de emisiones todavía son obligatorias en partes noreste del estado, los residentes del Sur de Utah simplemente pueden renovar su registro anual de vehículo no comerciales sin ningún tipo de certificación externa a partir del 1 de Enero, 2018.

Actualmente, Utah está entre 16 estados a nivel nacional que todavía requiere las inspecciones; es el único estado al oeste de Texas que los requiere.

“Las inspecciones de seguridad cuestan dinero y tiempo a las familias de Utah, y las investigaciones recientes muestran que no hay ningún beneficio para ellos”, dijo McCay en una entrevista previa con Noticias St. George.

Durante los procesos y debates del comité, varios estudios fueron presentados tanto por los partidarios de la ley como por los grupos de presión de la industria en contra del proyecto de ley, con resultados decididamente mixtos dependiendo de que lado presentó su estudio.

McCay argumentó que las inspecciones de seguridad se originaron  en un tiempo antes de que la seguridad se convirtiera en un punto de venta importante en los automóviles y que desde entonces el mercado se ha corregido construyendo vehículos significativamente más seguros.

Los grupos de presión para el proyecto de ley, como los representantes libertarios del Libertas Institute, argumentó que es responsabilidad de los ciudadanos y no del Estado asegurar que los vehículos funcionen son seguridad.

Un análisis fiscal encontró que la aprobación del proyecto de ley ahorraría a los consumidores sobre $25 millones anualmente, mientras que las estaciones de inspección de vehículos tomarían colectivamente un impacto anual aproximadamente de $25 millones en los ingresos.

Los defensores argumentaron que el dinero ahorrado por los consumidores se destinará a un mejor mantenimiento de sus vehículos en lugar de estar desperdiciado en la certificación potencialmente innecesaria.

 

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