SALT LAKE CITY (AP) — Una familia de México que vive en Utah entabló una demanda el Martes acusando a agentes federales de tirar abajo su puerta con un ariete, saqueando su apartamento y diciéndoles que ven “demasiada Univisión” cuando pidieron ver una orden judicial.
El American Civil Liberties Union de Utah demandó al Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos y al U.S. Marshals Service después de lo que la familia llamó dos “redadas al estilo swat” en la casa de la familia en Heber City, Utah, en Abril del 2017.
La abuela, Alicia Amaya Carmona, de 48 años de edad, fue arrestada y esta programada para deportación. Otros ocho miembros de la familia estaban en la casa, incluyendo cuatro niños pequeños que son ciudadanos estadounidenses y los cuatro hijos adultos de Carmona que pueden estar aquí bajo el programa de la era de Obama de Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).
Los niños, que tenían entre las edades de 2 y 6, quedaron aterrorizados por la policía después de que los agentes atravesaron por la puerta a altas horas de la noche en la segunda visita y apuntando rifles a los niños que lloraban después de ser despertados, alega la demanda.
El ACLU, dijo que el caso ilustra el enfoque de mano dura de la aplicación de inmigración bajo el Presidente Donald Trump. Carmona no tiene documentación legal para estar en los U.S., pero no tiene antecedentes penales, una categoría de inmigrantes que la administración de Obama generalmente dejó en paz.
“Esta es una demanda muy importante porque estamos defendiendo a una familia que ha sido sometida a prácticas horribles”, dijo John Mejia, director legal para el ACLU de Utah. “Tiene que haber responsabilidad por esto”.
El portavoz de ICE, Carl Rusnok, dijo que la agencia no hace comentarios sobre demandas pendientes, pero dijo que no debe de interpretarse que está de acuerdo con las alegaciones. El U.S. Marshals Service también se negó a hacer comentarios, citando una póliza de no discutir el litigio pendiente, dijo la portavoz Lynzey Donahue
El arresto de Carmona refleja el compromiso de la administración Trump de lanzar una red más amplia y no centrarse únicamente en los inmigrantes que están aquí ilegalmente que también tienen antecedentes penales.
Alrededor del 65 por ciento de los arrestos de ICE desde Octubre hasta Diciembre fueron criminales, en comparación con el 82 por ciento durante los últimos tres meses de la administración de Obama, dijo la agencia este mes.
Visto de otra manera, los arrestos de delincuentes aumentaron un 14 por ciento a alrededor de 25.600 de 22.500, pero los arrestos de no delincuentes casi se triplicaron a 13.600 de 4.900.
Carmona y su familia no asistieron a la conferencia de prensa en Salt Lake City para anunciar la demanda, pero dijeron en declaraciones proporcionadas por el ACLU que esperan que la demanda evite que otras familias inmigrantes sufran el mismo temor y ridículo que experimentaron.
La familia, que es originaria de México, dijo en la demanda que los agentes amenazaron con llevar a los niños a los servicios de protección infantil si la familia no cooperaba y en un momento dejaron a los niños afuera en el frío.
Un agente le dijo a la familia que estaban desperdiciando dinero pagando a un abogado para Carmona porque nunca ganarían contra ICE con la “nueva ley de Trump”.
Cuando uno de los hijos adultos pidió ver la orden judicial, un agente le dijo a la familia que “estaban mirando demasiada Univisión: y que no necesitaba una orden judicial, alega la demanda.
Los agentes rompieron la puerta de entrada, derribaron las puertas de los armarios de las bisagras, revolvieron cajones y camas y se llevaron $3.000 que Carmona había estado ahorrando para pagar a un abogado de inmigraión, dice la demanda.
El ACLU argumenta que el registro fue ilegal y violó los derechos de la Cuarta Enmienda de la familia.
“Estas familias y sus niños pequeños ahora están aterrorizadas por la policía. Los niños puede que nunca se acerquen a un oficial de policía, incluso si están en peligro y necesitan ayuda”, dijo Brittney Nystrom, directora ejecutiva del ACLU de Utah. “Esto no es normal. Estoy no es legal. No está bien”.
Escrito por BRADY McCOMBS, Associated Press
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