SALT LAKE CITY – El Fiscal General de Utah, Sean D. Reyes, encabezó un grupo bipartidista de 54 fiscales generales estatales y territoriales para pedir al Congreso que apruebe legislación que respalde a víctimas de pornografía infantil, según un comunicado de la oficia de Reyes.
El proyecto de ley bipartidista, que propone la aprobación de The Amy, Vicky, and Andy Child Pornography Victim Assistance Act of 2017, lo haría más fácil para las víctimas de pornografía infantil de obtener restitución. Un proyecto de ley similar fue aprobado por el Senado U.S. en el 2015, pero que no aprobó la Cámara de Representantes.
La carta está dirigida a los líderes de la House y Judiciary Commitee y fue firmada por cada fiscal general estatal en la nación junto con los fiscales generales del Distrito de Columbia, American Samoa, Guam, Puerto Rico y las Virgin Islands.
“Las víctimas necesitan este proyecto de ley”, dijo Reyes en el comunicado divulgado el Martes. “La explotación y el abuso infantil a través de la pornografía es uno de los crímenes de más rápido crecimiento en todo el mundo y sin duda dentro de nuestra nación. Una víctima puede ser re-victimizada toda su vida por la difusión de un vídeo pornográfico infantil. La cantidad de niños explotados a nivel mundial se ha disparado. El número de imágenes de pornografía infantil en los Estados Unidos procesados por el National Center for Missing and Exploited Children aumentó en más de dos mil por ciento en solo una década, y las cosas han empeorado aún más”.
“La cantidad de imágenes ilícitas confiscadas en Utah por el AG’s Internet Crimes Agains Children Taskforce ha crecido de manera alarmante. Los casos de jóvenes extorsionados o de otra manera aterrorizados como víctimas del porno han aumentado exponencialmente en todas partes. Lo único que ha disminuido es la restitución para las víctimas. Eso es inaceptable. El Congreso puede cambiar esa narrativa al aprobar esta ley”.
Una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el 2014 en Paroline V. United States sostuvo que, si bien las víctimas de pornografía infantil tienen derecho a la restitución, cualquier demandado individual que demanden solo será responsable por el daño causado por esa posesión individual de las imágenes.
“Desafortunadamente, la decisión del Tribunal Supremo impone una enorme carga en las víctimas de pornografía infantil”, según la carta enviada al Congreso. “Para recibir la restitución, una víctima debe perseguir cada caso en el que se encontró que un acusado posee imágenes de la víctima. Como reconoció el Tribunal Supremo, las imágenes digitales de cada niño víctima se trafican en todo el mundo, y puede haber miles de acusados que poseen las imágenes de cada víctima.
“Como resultado, las víctimas solo pueden recibir una pequeña cantidad de restitución de cada acusado y deben perseguir miles de casos para recibir la restitución completa. Evitar que las víctimas recauden la restitución completa protege a los acusados, que están protegidos de tener que pagar costos significativos a quienes han perjudicado”.
La Amy, Vicky, and Andy Child Pornography Victim Assistance Act mejorará la ley de esta manera, dice la carta:
- Aclarar la intención del Congreso de que las víctimas sean completamente compensadas por todos los daños que resultan de cada perpetrador que contribuyó a su trauma.
- Establecer una definición más significativa de “cantidad total de las pérdidas de una víctima”.
- Aclarar la restitución debida a las víctimas.
- Establecer un proceso para que las víctimas reciban una compensación de la Child Pornography Victims Reserve dentro del Fondo Federal de Víctimas de Crímen.
- Exigir un nombramiento judicial de un tutor ‘ad litem’ para las víctimas de la producción de pornografía infantil.
- Permitir que las víctimas y sus abogados tengan acceso a las imágenes en la que se representan, lo que es crucial para la identificación de la víctima, el testimonio de expertos, la revisión forense, el tratamiento y la prevención y enjuiciamiento de futuros delitos.
- Exigir que el Departamento de Justicia de los EE.UU. informe sobre la implementación dentro de los dos años.
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